Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, propuso modificar la Ley Federal de armas de fuego y explosivos para que las familias en México tengan acceso a armas de mayor calibre y con ello puedan “defenderse de la delincuencia”.

“Para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger sus casas, sus negocios, sus vidas. a la gente que está indefensa. Llegan a las casas, negocios y asesinan a mujeres, hombres, que no pueden defenderse, porque no hay un control y registro para que puedan tener esa disposición”, mencionó el priista.

Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender. #EstadoFallido pic.twitter.com/hMWuxA62d5

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 28, 2022

El líder del PRI aseguró que planteará también la posibilidad de que militares y elementos de la Guardia Nacional puedan llevar sus armas a casa y aunque estén francos puedan usarlas en caso de ser necesario.

“Lo digo con mucha responsabilidad pero sobre todo porque ya no se puede vivir lo que está viviendo este país, este país se cae en pedazos en la inseguridad, no hay crecimiento económico (…) por ello presentaremos una ley para que a partir de cierto grado, los integrantes dé las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina puedan llevarse sus armas de cargo a sus casas y cuando estén francos, puedan defenderse y hacerle frente a la delincuencia organizada”, señaló.

El líder del PRI reconoció que su propuesta generará polémica, pero que es un debate que se tiene que dar para terminar con el problema de seguridad en el país.

La propuesta de “Alito” es planteada luego de que en Puebla se registró una balacera en un centro de vacunación para niñas y niños, en donde, de acuerdo con las autoridades, dos menores resultaron heridos.

Actualmente, la Constitución, en su artículo 10, establece que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

Sin embargo, para poder tener acceso a una, hay que seguir los lineamientos que establece  la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, entre los cuales se establece el trámite de una licencia, demostrar que se vive de manera honesta, detallar por qué necesita un arma y demostrar que no consume ningún tipo de droga.

La única instancia que expide las licencias de armas es la Secretaría Nacional de la Defensa.

Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto.

Lo hizo al anular la histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, un precedente legal que lo garantizaba.

A través de estas cinco preguntas te contamos qué es lo que ha decidido en concreto el tribunal de mayoría conservadora, qué es lo que cambia y qué consecuencias tiene para millones de mujeres en EE.UU.

Lee: Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Con la decisión respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, con 6 votos frente a 3, queda anulado el precedente legal que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo).

“Lo que hace esta decisión es eliminar el aborto como un derecho constitucional“, le explica a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

Dicha protección se remontaba a 1973, cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que en la 14 Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto.

“Significa que ya no existe un umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Ahora los estados pueden hacer lo que quieran en cuanto al tema del aborto”, explica Howard.

“Si los estados individuales desean anular los derechos de la persona que estaba embarazada, pueden hacerlo. Si lo desean, pueden hacer que el aborto sea completamente ilegal en todas las circunstancias, pero también pueden hacer que el aborto sea gratuito y esté disponible para los pacientes que lo deseen”, agrega la autora de The Pregnancy Police: Conceiving Crime, Arresting Personhood.

La decisión no implica que el aborto se convierta, de por sí, en “legal” o “ilegal” en Estados Unidos como nación.

“Al ser EE.UU. una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre aquellos asuntos que no se consideren como derechos o deberes protegidos por la Constitución del país”, explica Howard.

Para la experta, los cambios que puede implicar la decisión pueden conllevar desde factores políticos hasta sociales e incluso económicos:

Misuri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo.

Lo han hecho por medio de sendas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o “gatillo”, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Hay otros 11 estados que tienen leyes de ese tipo preparados para limitar la interrupción del embarazo.

Mientras, 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, las autoridades han aprobado “trigger laws” para proteger el derecho al aborto.

Los límites al aborto que se impondrán también dependerán de los estados: mientras algunos permitirán algunas condicionantes (como los casos en que peligre la vida de la madre) en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher algunos estados como Alabama, Arizona y Arkansas, lo prohibirán desde el inicio del estado de gestación. Otros como Georgia, Idaho, Iowa y Kentucky lo harán a partir de las seis semanas de embarazo.

Aunque todavía no se han pronunciado oficialmente al respecto, el Instituto Guttmacher pronostica que los Congresos de Florida, Indiana, Montana y Nebraska también se sumarán a las prohibiciones.

Muchos estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel.

En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, un hecho poco conocido es que, incluso con Roe vs. Wade, muchas mujeres han ido a la cárcel en Estados Unidos por la práctica de abortos.

De acuerdo con datos de la Universidad de Fordham, al menos 413fueron encarceladas entre 1973 y 2005 por este motivo.

Howard teme que a raíz de la actual decisión de la Corte Suprema el número se pueda incrementar.

“Hemos visto, incluso con Roe vs. Wade, mujeres acusadas de delitos contra sus propios embarazos por cosas como el autocontrol del aborto o dar positivo por drogas durante sus embarazos. Incluso por cosas como sobrevivir a un intento de suicidio mientras están embarazadas”, explica la experta.

“Entonces, si este es cosas suceden con Roe vs. Wade, que establece explícitamente que una persona embarazada tiene derechos, cuando eso desaparezca, creo que solo podemos esperar ver mucho más de esto”, señala.

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución.

La decisión creó el sistema de “trimestre” que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre.

“Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo: en las últimas décadas se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de EE.UU.”, señala Howard.

Desde la década de 1990, numerosos estados han estado implementando restricciones al derecho constitucional al aborto y en algunos como Texas ya era prácticamente imposible realizarse uno incluso antes de la decisión de la Corte Suprema.

En otros, como Misisipi, solo existía una clínica que facilitaba el aborto en funcionamiento para todo el estado.

En más de una veintena de estados existen requisitos, como que las mujeres jóvenes embarazadas involucren a sus padres o a un juez en su decisión de aborto. Otros han introducido períodos de espera entre el momento en que una mujer visita por primera vez una clínica de aborto y el procedimiento en sí.

“Como resultado, muchas mujeres ya tenían que viajar más lejos y pagar más y esto hace que las mujeres más pobres y las mujeres afroestadounidenses se vuelvan las más afectadas”, señala Howard.

Según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto, más de 4.000 mujeres cada año no pueden realizarse abortos en EE.UU. como resultados de las restricciones ya existentes.

Por casi 50 años, la decisión de Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país.

El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en el país y las autoridades de los estados tendrían que igualmente seguirlas independientemente de su orientación política.

Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado. Para ello se necesitarían al menos 60 votos y los demócratas cuentan actualmente con 50 (más el de la vicepresidenta Kamala Harris).

Howard, por su parte, ve un escenario más probable.

“Si en las próximas elecciones los republicanos ganan el Senado por una supermayoría, ciertamente podemos anticipar que se presente un proyecto de ley sobre la ´personalidad fetal´ a nivel federal (considerar el feto como persona humana). Y, si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde sea legal el aborto, como California o Nueva York”, dice.

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